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LITIGIO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

Los contribuyentes pueden inconformarse en contra de los actos administrativos dictados por las autoridades fiscales como lo son la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), entre otros; así como, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal como lo son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre otras; o bien de los Municipios de los Estados, que:

1.- Determinen contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos) o accesorios (recargos, sanciones, multas, gastos de ejecución e indemnizaciones).
Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren de en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; por ejemplo Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, etc.

Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo estado; por ejemplo Cuotas Obrero Patronales, Cuotas del SAR; Capitales Constitutivos, etc.

Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas; por ejemplo cuando se construye una obra pública, la autoridad administrativa exige el cobro a los vecinos por verse beneficiados en la plusvalía de sus propiedades.

Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados; cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del estado; ejemplo el pago por certificaciones, inscripciones en el Registro Público, etc.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización del 20% por cheque no pagado, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.

2.- Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.

Es cuando un contribuyente tiene a su favor algún impuesto como el IVA, ISR, IETU, IDE, entre otros, y haya presentado una solicitud de devolución de dichos impuestos y la autoridad administrativa haya negado dicha devolución.

3.- Siendo diversas de las anteriores, dicten las autoridades aduaneras.

Toda resolución en materia aduanera o de comercio exterior, que finque un crédito fiscal, fincando el cobro de impuestos, multas o inclusive embargando, secuestrando o decomisando las mercancías o medios de transporte. Con la opción de pedir la devolución de las mercancías embargadas, o bien, el resarcimiento económico de éstas actualizadas y con sus respectivos intereses.

4.- Exijan el pago de créditos fiscales que se hayan extinguido o que su monto real es inferior al exigido.

Se entiende que se ha extinguido un crédito fiscal cuando hayan pasado cinco años desde que un crédito fiscal es exigible por parte de una autoridad administrativa.

5.- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando este no se ha ajustado a la Ley.

Todo procedimiento administrativo de ejecución debe cumplir con ciertas formalidades a las que debe sujetarse la diligencia de embargo, así mismo se establecen cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etc., así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia, etc.

6.- Se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

Obligación fiscal es la obligación del contribuyente que consiste en el deber de entregar una cantidad de dinero al Estado en virtud de haberse causado un tributo.

Cantidad líquida es cuando la autoridad administrativa determina la obligación fiscal en una cantidad en cifras, por ejemplo la autoridad determina que al contribuyente se le finca un crédito fiscal por la cantidad de $5; 000,000.00
Se dan las bases para su liquidación cuando la autoridad administrativa establece tablas, tasas, porcentajes o parámetros para calcular el impuesto que deberá pagar el contribuyente.

7.- Impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales, estatales o municipales.
Multas emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), o bien por secretarias del ejecutivo como la Secretaria de Economía (SE) o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

8.- Causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren los puntos anteriores.
Los actos de autoridades fiscales deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales muchas veces no son cumplidos por dichas autoridades, lo cual ocasiona que se puedan impugnar en Juicio de Nulidad o Contencioso Administrativo.

AMPARO CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD Y LEYES

Los gobernados en su calidad de contribuyentes pueden interponer demanda de garantías ante Juzgado de Distrito competente, en contra de las leyes en materia fiscal y administrativa y/o los actos administrativos dictados por las autoridades fiscales como son la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), entre otros; así como, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal como lo son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre otras; o bien de los Municipios de los Estados, que violen garantías individuales.
De acuerdo a lo que establece el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como del distrito federal o del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Ahora bien, si bien es cierto como lo es que existe una obligación de contribuir a los gastos públicos en nuestro país, no debe perderse de vista que esta obligación será válida legalmente siempre y cuando las normas impositivas cumplan con los requisitos de legalidad tributaria y seguridad jurídica que concede la misma constitución a todo gobernado.

Por lo anterior, se crea en nuestro marco jurídico diversos medios de defensa a favor de los particulares a fin de que se encuentren en posibilidad de combatir actos arbitrarios de autoridades o bien que no cumplan los requisitos mínimos para su validez y que por ende resulten conculcatorios de las garantías individuales de cada particular.
Uno de los medios de defensa más efectivos para la defensa de los derechos de los gobernados lo es el juicio de amparo del cual conocen según sea el caso los juzgados de distrito o bien los tribunales colegiados de circuito adscritos al Poder Judicial de la Federación.

Desgraciadamente el principio de relatividad de la sentencias, según el cual la concesión de un fallo protector única y exclusivamente beneficia al gobernado que lo solicita, por ende las sentencias de amparo hasta el día de hoy no tienen efectos de declaratoria general, por lo que aun y cuando una ley haya sido declarada inconstitucional ello solo beneficiaría en todo caso a las personas que gocen de una sentencia de amparo en el mismo sentido.

En esta correcta línea de pensamiento debemos concluir que nuestra firma tiene como principal fin el defender a los particulares en contra de actos que sean emitidos en contravención a nuestra Constitución Federal y evitar en algunos casos el pago y obligaciones fijadas arbitraria o ilegalmente por autoridades, esto es así, ya que estamos convencidos que la defensa de los derechos de los gobernados traerá como consecuencia en un futuro la emisión de actos apegados a la ley por parte de las autoridades y evitar un actuar caprichoso y arbitrario que perjudica a toda la sociedad, sin que con ello se pretenda jamás el no cumplir con la necesaria obligación de contribuir a los gastos públicos, sino más bien se trata de contribuir en la forma en que nuestra Ley Suprema establece.

PENAL FISCAL

El Derecho Penal fiscal, es un área desconocida para infinidad de abogados, y obviamente contadores. Más sin embargo, la necesidad de los tiempos actuales, orillan a los contribuyentes, abogados, contadores al conocimiento de dicha materia, ello es así por la constante actuación de la autoridad en cuanto al levantamiento de querellas hacia los gobernados.

En un afán de recaudación justificado o no, las autoridades fiscales han hecho una constante en el levantamiento de querellas penales. Por ello, es imprescindible la necesidad del conocimiento de la defensa penal fiscal, por el bien del patrimonio y libertad del contribuyente, abogado o contadores, quienes se involucran más en el ámbito fiscal.

Máxime que con la recién reforma fiscal que entra en vigor el 1º de enero de 2014, se le dieron múltiples atribuciones a las Autoridades Fiscales para ejercer querellas ante los “presuntos contribuyentes evasores y/o defraudadores” motivo por el cual se estima que tales procedimientos penales = fiscales se incrementarán con o sin auditorias, revisiones y visitas domiciliarias de las mismas de por medio. Inclusive cabe recalcar que en este año 2013, según las estadísticas y práctica del derecho penal fiscal es notable el aumento de querellas penales.

En ese sentido, Firma Jurídica y Fiscal S.C. ofrece por medio de sus expertos peritos penalistas fiscales la  consultoría relacionada con el patrimonio, asesoría, guía y defensa de individuos y empresas durante el periodo de investigación, antes y durante el juicio penal, hasta obtener la reposición de la pérdida o una indemnización razonable.

Atendemos asuntos vinculados básicamente al ámbito empresarial. Esta área está dirigida a asesorar a los clientes en asuntos en los cuales se involucran delitos fiscales. Implica la asesoría previa a una planeación fiscal, para evitar incurrir en los tipos penales específicos. También abarca la defensa a los clientes implicados en investigaciones o procesos penales derivados de la materia tributaria.

Dentro de nuestros diferentes servicios llevamos a cabo las siguientes actividades:

  • Preparación y atención de toda clase de denuncias, querellas y procesos penales por conductas que afecten a las empresas, sus funcionarios y las relaciones con éstos y con terceros.
  • Auditoría legal a empresas con tendencia a prevenir la comisión de ilícitos en su contra y a proporcionar información dirigida a prevenir la actualización de escenarios que permitan involucrar a ellas o a sus funcionarios en la comisión de conductas punibles.
  • Planeación de estrategias para enfrentar adecuadamente periodos de crisis en empresas.
  • Preparación y atención de demandas y juicios de amparo en materia penal, incluyendo aspectos relacionados con el aseguramiento de bienes muebles e inmuebles.
  • Defensa Penal-Fiscal (en todo el País) de los siguientes delitos:
    • Defraudación Fiscal.
    • Evasión Fiscal.
    • Planeación Fiscal Indebida. (Prácticas Fiscales Indebidas)
    • Equiparables a la Defraudación Fiscal.
    • Contrabando y equiparables.
    • Desocupación de Domicilio sin dar Aviso a la Autoridad.
    • Ocultamiento, Desaparición, Destrucción de la Contabilidad
    • Depositaría Infiel
    • Obtención de Cauciones Mínimas, para el otorgamiento de la Libertad Provisional en los Delitos Fiscales No Graves
    • Conmutación de la Pena, en los Delitos Fiscales No Graves

Para su mayor información y conocimiento se contestan preguntas frecuentas del área de expertis en materia penal=fiscal

¿Qué se necesita para proceder penalmente por los delitos fiscales?

Será necesario que previamente la SHCP/SAT:

I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado.

II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos 102 y 115.

III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido.

¿Cuál es la pena en los delitos de defraudación fiscal y por asimilación a la defraudación fiscal?

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

I.            Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,113,190.00.

II.         Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,113,190.00, pero no de $1,669,780.00.

 III.       Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $1,669,780.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.

¿Cuándo se considerarán los delitos de defraudación fiscal como calificados?

El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del Código Fiscal, serán calificados cuando se originen por:

a)   Usar documentos falsos.

b)   Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.

c)   Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan.

d)   No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.

e)   Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.

f)    Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.

g)   Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

¿Cuál es la pena en los caos de defraudación fiscal considerados como delitos calificados?

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

Cabe recalcar, para aquellos profesionistas Abogados, Contadores, Financieros, etc… que ofrezcan los servicios de asesoría y planeación fiscal, La reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF), aprobada en el mes de octubre por la pleno de la Cámara de Diputados, incluye la responsabilidad penal de los profesionistas que propongan o lleven a cabo actos que son considerados delitos fiscales.

El documento establece que serán responsables penalmente quienes al desarrollar sus actividades “propongan, establezcan o lleven a cabo” actos, operaciones o prácticas “de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal”.

De igual forma, las omisiones profesionales también serán sancionadas penalmente si a partir de estas se comete un delito, de acuerdo con las fracciones VIII y IX del artículo 95 del dictamen de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF).

Así, en el dictamen aprobado, el CFF establece que –como cualquier otro profesionista- si alguien propone acciones cuyo resultado sea un delito fiscal, el proponente se hará acreedor a la respectiva sanción penal.

COBRANZA JUDICIAL

La firma cuenta con la capacidad técnico-jurídica y es experta en la gestión acerca de cobranza pre-judicial y judicial. (Cheques, pagarés, facturas, contratos, etc.) Pues contamos con los siguientes servicios profesionales:
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  • Recuperación de cartera vencida mediante juicios ordinarios o ejecutivos mercantiles t/o civiles seguidos ante los Juzgados de Jurisdicción Concurrente en el Estado de Nuevo León y otros estados.
  • Establecer convenios judiciales y extrajudiciales de pago.
  • Alto grado de Negociación.
  • Seguimiento de juicios y ejecución de sentencias mercantiles.
  • Embargos y remates Mercantiles.
  • Adjudicaciones legales por concepto de sentencias.
  • Entre otros.

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Cobranza Pre-Judicial:
Son las gestiones realizadas por la firma como prestadora de servicio de los bancos, instituciones, empresas, tiendas y otras, las cuales consisten con el atraso de una o más cuentas de un crédito. A través de FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C. el acreedor consigue persuadir al deudor para que cumpla con sus obligaciones.

Tales acciones tienen por objeto conminar a que el deudor cumpla con sus obligaciones crediticias, y se esta forma evitar iniciar un juicio de cobranza. Acciones las cuales siempre son cargadas al deudor dentro del monto del crédito adeudado, bajo la figura de “gastos de cobranza”.

Cobranza Judicial:
Es la cobranza realizada por la Firma, cuando el deudor se resiste o no desea cumplir con sus obligaciones crediticias. Es decir, ha incumplido su compromiso de rembolsar a su acreedor el monto del crédito otorgado; o el saldo en cuentas, más sus intereses. Ante ello, el acreedor procede a protestar los pagarés, letras, cheques, u otros documentos que actuaban como garantía del crédito adeudado.

Tal acción se inicia mediante el trámite de demandas ante los tribunales de Justicia para, mediante juicio, recuperar el capital adeudado o prestado más los intereses, así como gastos y costas de juicio y de la cobranza. Así lo que se busca es que el juez de la causa determine que el cobro corresponde conforme a derecho y a los montos que el acreedor reclama. De no cumplir la sentencia, el juez determinará otras acciones, como el embargo judicial de los bienes del deudor, o la liquidación de las garantías entregadas por el deudor, hipotecas, prendas o bien exigir a los avales que respondan por la deuda.

CONFLICTOS OBRERO PATRONALES

FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C, ofrece asesoría en:
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  • Evaluación y preparación de contratos de trabajo (individuales y colectivos)
  • Negociación con sindicatos.
  • Adquisiciones de compañías, cierres y reubicaciones.
  • Asuntos de substitución patronal
  • Huelgas
  • Representación de clientes en juicios individuales o colectivos ante autoridades laborales y juntas de conciliación y arbitraje.
  • Procedimientos de resolución de controversias.
  • Procedimientos administrativos ante la secretearía de trabajo y previsión social.
  • Establecimiento de sociedades de servicio al personal.

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Experiencia:
En defensa, representación y seguimiento en procedimientos individuales o colectivos ante las autoridades en materia de trabajo.

Manejo de procedimientos relativos a la reducción del factor riesgo de trabajo ante el instituto mexicano del seguro social.

Asesoría en otros derechos y obligaciones de los patrones.
Así mismo ofrecemos asesoría preventiva que incluye la revisión de políticas de empleo y procedimientos de selección de personal, ubicación, promociones y despidos, revisión de procedimientos disciplinarios y de despido, así como planes de pensiones y cumplimiento del sistema de ahorro para el retiro (SAR), en conjunto con el área fiscal.

LICITACIÓN Y OBRA PÚBLICA

Un área de oportunidad de crecimiento para las empresas se encuentra en la contratación que realiza el Estado (Federación, Estados, Municipios), mediante procedimientos de licitación, invitación y adjudicación directa, para que los particulares lleven a cabo Obra Pública, o provean de bienes y servicios al mismo Estado. Sin embargo muchas empresas particulares no se atreven a participar en dichos procedimientos debido a la complejidad de éstos, así como a que, en ocasiones, las reglas de participación excluyen ilegalmente a potenciales participantes.

Atendiendo a las complicaciones de dichos procedimientos, así como a la constante inclusión de cláusulas de participación que son jurídicamente ilegales, FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C. ofrece servicios integrales en materia de procedimientos de contratación realizados por el Estado o por la Federación, en sus distintas modalidades ya mencionadas: Licitación Pública, Invitación a cuando menos 3 personas y Adjudicación Directa (además de algunas variaciones de éstos contenidas en distintas leyes).

De esta forma, nuestros servicios en el área consisten, entre otros, en:
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  • Asesoría en la elaboración de propuestas técnicas y económicas, así como documentación legal y anexa, a presentarse por el participante en el procedimiento de contratación.
  • Elaboración de preguntas y asesoría para participación en Junta de Aclaraciones del procedimiento.
  • Impugnación administrativa (instancia de inconformidad, recurso de revisión, etc.) de convocatorias, bases de participación, junta de aclaraciones, fallo, rescisiones administrativas, incumplimiento de contratos.
  • Impugnación jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o Tribunales de lo Contencioso Administrativo estatales de Convocatorias, bases de participación, juntas de aclaraciones, fallo, rescisiones administrativas, incumplimiento de contratos.
  • Impugnación en Juicio de Amparo de las anteriores etapas del procedimiento.
  • Impugnación, además, de sanciones administrativas como multas, inhabilitación para participar en procedimientos de licitación y/o celebrar contratos con las entidades y dependencias del Estado; etc.
  • Estamos convencidos de que una adecuada asesoría jurídica desde el momento en que se decide en participar en un procedimiento de licitación conlleva mayores probabilidades de obtener la adjudicación de un contrato de obra pública, bienes o servicios a favor de su empresa, por esta razón es que ofrecemos servicios integrales en esta materia.

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COMPETENCIA ECONÓMICA

FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C., ofrece dentro de sus servicios y especialidades el Derecho de la Competencia Económica en México. Así las cosas, contamos con la capacidad técnico-jurídica-económica para brindar un servicio especializado en tal materia.

En ese sentido, contamos por un lado con la capacidad de interponer denuncias ante la Comisión Federal de Competencia, con todos los requisitos, proyectos y estudios que exigen tanto La Ley Federal de Competencia Económica así como su reglamento, en caso de que tu empresa o negocio este sufriendo en el mercado, en virtud de que otros agentes económicos, sean o no competidores, estén realizando prácticas monopólicas absolutas o relativas, o bien concentraciones prohibidas por la legislación. Por tanto, tú como agente afectado de tales prácticas, tienes el derecho de interponer denuncias ante la Autoridad Administrativa encargada para ello.

Por otro lado, el despacho cuenta con la capacidad de asesorar y defender a todos aquellos agentes económicos que puedan estar o se encuentren sujetos a alguna investigación por parte de la Autoridad Sancionadora, es decir la COFECO, autoridad que pretenderá sancionarlos por considerarlos probables responsables de alguna práctica monopólica prohibida por la ley; multas que llegan de conformidad con la nueva legislación hasta el 10 % de sus ingresos, y un 20% en caso de reincidencia. Contactando así con el personal experto para asesorar durante la investigación, o bien llevar a cabo el procedimiento seguido en forma de juicio previsto en la ley, o una vez sancionados por la autoridad, interponer el recurso de reconsideración ante la propia autoridad, o bien, el novedoso juicio ordinario administrativo ante los juzgados especializados del Poder Judicial de la Federación, comprometiéndonos a obtener resoluciones favorables a sus intereses.

Por último, ofrecer el servicio de notificación por fusión o concentración de empresas, las cuales necesitan de procedimientos y estudios sofisticados para que la COFECO autorice a la brevedad posible la concentración, y puedan las empresas obtener sus pretensiones, sin ser obstaculizadas o sancionadas.

OPERACIONES BURSÁTILES

Si le ha ido bien a tu negocio, y deseas que terceros inviertan a tu empresa, es hora de pasar de ser una S.A. (Sociedad Anónima) a una S.A.P.I. (Sociedad Anónima Promotora de Inversión) o incluso crees que tu empresa ya es lo suficientemente grande y sofisticada para cotizar en Bolsa y convertirte en una S.A.B. (Sociedad Anónima Bursátil) ponte en contacto con el despacho y asesórate con la opinión legal de los expertos en cuanto al procedimiento para obtener tus pretensiones.