Gobierno

FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C. es un despacho de profesionales (abogados, contadores, financieros y politólogos) con aptitudes, conocimientos, infraestructura, relaciones interpersonales y la capacidad técnico-jurídica necesaria, para atender en beneficio de los estados, municipios, y demás órganos de gobierno, la recaudación fiscal local, cumplimiento de sus obligaciones fiscales y la obtención de recursos federales, con más de 35 años de experiencia en las materias administrativa y fiscal. A través de los años, nuestro Despacho ha desarrollado una extensa y fuerte relación con autoridades Locales, Estatales y Federales, las cuales facilitan la comunicación y sobre todo la obtención de resoluciones favorables para los clientes.

OPTIMIZACIÓN DE LA RECAUDACIÓN FISCAL LOCAL

Sin duda alguna, uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos locales es el de elevar la recaudación de impuestos, servicios, productos y aprovechamientos públicos de las jurisdicciones locales.

Cada vez son más los gobiernos que contratan firmas privadas para hacer más eficiente la cobranza del impuesto predial, el consumo de agua, las multas, los derechos, otros impuestos locales, y un sinfín de renglones de ingresos que ya existen y que son cobrados a niveles de eficacia inferiores al 20 por ciento del total causado.

En su afán por allegarse mayores recursos, algunas administraciones locales han optado por revivir los impuestos, que previamente habían eliminado o suspendido, en lugar de elevar el cobro de los impuestos que ya recaudan o crear nuevos. Con el resultado adverso de la opinión pública, nada es más impopular que un nuevo impuesto, por eso sugerimos cobrar correctamente los que ya existen. Tales impuestos que se deberían reactivar, por ejemplo en Nuevo León, son los impuestos potestad municipal denominados: Sobre Mejoría Específica de la Propiedad, Sobre Juegos Permitidos y Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos.

Recordemos que La administración municipal es muy corta, así que consultar a despachos expertos en procesos de gestión pública acelerará la toma de decisiones y la correcta aplicación de las soluciones de políticas públicas exitosas. Por ello, FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C. cuenta con la capacidad para aplicar y gestionar, procedimientos fiscales apegados a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal Estatal, en los siguientes rubros:
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  • Recuperación de carteras vencidas de predial, otros impuestos locales, agua, aprovechamientos y derechos.
  • Identificación de los mejores casos de cobranza.
  • Asesoría y Planeación durante la auditoría y/o revisión de gabinete.
  • Supervisión y gestión de inspecciones, verificaciones y auditorias fiscales.
  • Emisión de las resoluciones que determinan y liquidan créditos fiscales.
  • Notificación Personal del Crédito Fiscal.
  • En caso de Juicio, defensa legal en materia contencioso administrativa para lograr la validez del crédito fiscal.
  • Procedimiento Administrativo de Ejecución.
  • Intervención de Negociaciones.

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Este servicio a la vez se desglosa en 2 rubros:
Cobranza a contribuyentes morosos y evasores.
Cobranza a otros órganos y organismos públicos de Gobierno.

Verbigracia: PEMEX, CFE, AEROPUERTOS, CASETAS DE AUTOPISTA.

Por otro lado, contamos también con el servicio de diseñar e implementar en los municipios el Modelo de Presupuesto Participativo (PP), sobre todo los municipios del Estado de Nuevo León, y así lograr una óptima recaudación de impuestos locales, fundada desde la confianza, la legitimidad del gasto/inversión público y la participación ciudadana. Esto con la finalidad de abordar tres aspectos que se consideran de suma relevancia y necesarios para que se dé una reforma fiscal integral. Entre las que se encuentran: En primer lugar, lograr mejorar la recaudación de los impuestos locales, incrementando la captación del impuesto predial y reactivando los impuestos locales en desuso; en segundo lugar, se plantea destinar un 20% del impuesto predial recaudado, además de los impuestos locales en desuso íntegros al Presupuesto Participativo del municipio; y en tercer lugar, se pretende establecer una cultura fiscal fuerte y consolidada a partir de la legitimación del gasto público por parte del gobierno municipal para con los ciudadanos.

Estableciendo de esta forma un círculo virtuoso pues, al incrementar la recaudación fiscal local, componente de la fórmula establecida en la Ley de Coordinación Fiscal para la determinación de las transferencias federales a los ámbitos locales, se incrementarían a su vez las participaciones y aportaciones que llegarían de la Federación al Municipio. Con lo anterior, se lograría por un lado, eficientar el gasto público, y por otro, elevar los ingresos públicos del municipio, pues se incrementaría la base gravable y la recaudación fiscal local, además de incrementar los recursos económicos que llegarían de la Federación a los municipios que apliquen y logren el presente mecanismo vía participaciones y aportaciones.

Por último, y recalcando que en México, parte de la problemática tributaria es que los espacios locales, llámense Estados y Municipios, tienen una baja, si no es que nula recaudación tributaria, lo que a fin de cuentas les trastoca sus finanzas públicas, pues la Recaudación Fiscal Local es tomada en cuanta en la Ley de Coordinación Fiscal, de donde sale la mayoría de la aportaciones y participaciones del gobierno federal a los entes locales, que a la vez constituyen la mayoría de los ingresos estatales y municipales. Para darnos una idea de lo mal que estamos a nivel recaudación local, en México un 96% de la recaudación fiscal la hace la federación, un 3% los estados y de manera absurda menos del 1% lo hacen los municipios.

Por lo anterior, se propone reactivar otros impuestos potestad tributaria municipal como, Sobre Mejoría Específica de la Propiedad, Sobre Juegos Permitidos y Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos y ofrecerles el servicio de cobranza de los mismos para acaparar y mejorar la optimización de la recaudación local.

Sobre todo el Impuesto Sobre Juegos Permitidos, que actualmente se encuentra desactivado (suspendido), pues tenemos que en algunos estados del país, sobre todo el de Nuevo León, existe una guerra declarada entre los casinos “casineros” y la autoridades locales, sobre todo las municipales. El problema consiste en que las autoridades municipales por distintas vías legales, suspensiones, clausuras, cancelación de usos de suelo, etc, intentan frenar las operaciones de tales operadores de juegos. Sin embargo, al contar tales casinos con permisos federales, y ante el andamiaje jurídico endeble que tienen las autoridades municipales, logran dejar sus operaciones vivas ya sea de manera extraoficial con arreglos, y/o judicial vía medios de defensa, por ejemplo el amparo, las suspensiones y los juicios contenciosos administrativos, etcétera.

Así las cosas, por más que los municipios y/o el estado intenten eliminar los casinos, bajo argumentos de ludopatía, lavado de dinero, narcotráfico, falta de permisos y usos de suelo, tienen todas las de perder, pues nuestro sistema jurídico y los mecanismos de justicia y medios de defensa los amparan. En ese sentido, lo que se propone es, ante tal situación jurídica, como mínimo, reactivar el Impuesto Sobre Juegos Permitidos, el cual en la actualidad tiene nula recaudación, y así, poder tener armas y herramientas contra los casinos.

Con lo anterior, por un lado, obligar a los casinos a contribuir y ponerse al corriente con el pago de impuestos locales, so pena de cobro, multa, clausura y embargo, o te cierro tu negocio. Así las cosas, reactivando tal impuesto, podrían generar grandes recursos de dinero a nivel local, para combatir las necesidades más próximas de la comunidad afectada por tales negocios.

DIAGNÓSTICO Y DICTAMEN DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

A veces las instituciones de gobierno de los estados desconocen sus compromisos fiscales. Para evitarse problemas pueden practicarse un diagnóstico sobre sus obligaciones y así salir de dudas.

Los Estados, municipios, órganos descentralizados y organismos desconcentrados, reciben invitaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y/o el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que paguen el impuesto empresarial a tasa única (IETU) o el impuesto sobre la renta (ISR), pero los notificados se sorprenden porque desconocían que eran causantes. De esta forma, se empiezan a generar adeudos con el fisco federal y un historial negativo.

La idea de que el gobierno no paga impuestos es falsa. Cualquier órgano de gobierno tiene responsabilidades fiscales que acreditar. La clave radica en conocer cuáles son exactamente las obligaciones que corresponden a los municipios.
Los gravámenes que, por lo general, deben pagar las instancias de gobierno son el impuesto al valor agregado (IVA), el ISR, el ISR por remanente distribuible, retenciones por sueldos y salarios, derechos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE), y en algunos casos el IETU, entre otros, sin olvidar las contribuciones especiales.

Para despejar todas las dudas, lo que se recomienda a los estados, municipios y demás organismos públicos, es practicarse un diagnóstico en materia de cumplimiento de obligaciones legales y fiscales, un instrumento que les dará certeza sobre lo que exactamente deben pagar.

Primero es necesario identificar el marco legal al que se encuentra sujeto cada organismo estatal, con base en el objeto social por el cual fue constituido. Este análisis es muy importante, porque a partir de ahí se pueden definir las obligaciones fiscales y legales que le son aplicables.

Posteriormente se revisan los impuestos que ya han sido dados de alta ante la SHCP y se hace un diagnóstico de la forma en cómo han sido cubiertos. Entonces se especifica qué gravámenes hace falta acreditar o, si fuese el caso, en cuáles de ellos la institución puede quedar exenta.

Por último, se realizan cálculos y pruebas selectivas en las que se establecen los montos de enteros y omisiones, a partir de lo cual se identifican las contingencias fiscales y las medidas correctivas que fueran precisas aplicar.
Al contar con un análisis puntual de sus obligaciones hacendarias, el sector público no sólo regulariza su situación ante la SHCP, sino que además facilita los trámites de entrega-recepción cuando se transfieren los poderes de una administración saliente a una entrante, de modo que se construye un blindaje para garantizar una transición ordenada. Asimismo, se fortalece la transparencia y la buena imagen del gobierno local ante la población.

En síntesis, el despacho cuenta con una vasta experiencia en impuestos federales y locales para asesoría y prestación de servicios jurídicos a Estados y Municipios que se pueden desglosar en los siguientes servicios fiscales y legales:
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  • Revisión de obligaciones tributarias
  • Revisión del Impuesto sobre la Renta retenido a los trabajadores por salarios
  • Revisión del ISR retenido en pagos al extranjero
  • Cursos de capacitación en materia fiscal para los funcionarios, incluyendo los enfocados a la fiscalización
  • Asesoría en el análisis para la reactivación y/o el establecimiento de nuevos impuestos, derechos, aprovechamientos, etc
  • Dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales locales
  • Impuestos personales para funcionarios
  • Asesoría e implementación de planes de previsión social para servidores públicos
  • Cabildeo y relaciones institucionales

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Además, como servicio adicional para municipios, tenemos la estrategia legal-fiscal para obtener la devolución de las cantidades pagadas por los municipios por concepto de Impuesto al Valor Agregado que se ha erogado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en específico al Sistema de Administración Tributaria, y la posibilidad de dejarlo de pagar a futuro.

OBTENCIÓN DE RECURSOS FEDERALES

Con el cambio de administración, la estructura del gobierno central ha cambiado y lo mismo sus esquemas de apoyo a estados y municipios, de ahí la importancia de apoyarse en consultores para conocer los detalles y concursar por los recursos.

Si bien el éxito de una administración municipal depende de su capacidad para generar mayores ingresos propios, también debe hacer rendir los recursos de los que ya dispone. Para lograr lo segundo es requisito indispensable que las reglas de operación de los programas locales sean compatibles con las de los gobiernos estatales y el Federal.
Desde el 1° de diciembre pasado tenemos un nuevo gabinete presidencial y, por ende, una manera diferente de hacer las cosas. Hace apenas unas semanas se publicaron las reglas de operación 2013 de los programas de las dependencias federales. En algunas de ellas, simplemente desaparecieron todos los programas existentes.

Este es el caso de la Secretaría de Economía que, al haber fundado el Instituto Nacional del Emprendedor, traspasó a este nuevo organismo las acciones y los esquemas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y generalizó las reglas de operación. Otro ejemplo es la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que transfirió toda la Subsecretaría de Desarrollo Urbano a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria.

En dicha Subsecretaría se encontraban adscritos los programas Hábitat y Espacios Públicos, esquemas eminentemente municipalistas, por lo que será de suma importancia para estas demarcaciones ajustarse rápidamente a las nuevas reglas, para que la aplicación de los recursos no se retrase ni se desvirtúe.

BUSQUE A LOS EXPERTOS…

“A río revuelto, ganancia de pescadores”. Este dicho será más que válido durante 2013, ya que el ajuste a estas nuevas circunstancias será complicado, pero quien esté listo para utilizar los recursos y cuente con proyectos elaborados a partir de las nuevas reglas, tendrá la posibilidad de obtener más recursos por el subejercicio que puede provocar el periodo de ajuste a estas nuevas reglas.

Recordemos que el presupuesto de estos programas es prácticamente el mismo del año anterior y tendrá que ejercerse, sólo que no todos los municipios estarán listos para aplicar las nuevas reglas.
Para adaptarse a los cambios, el gran enemigo de la administración pública es la operación del día a día, la cual no les permite a los funcionarios dedicar el tiempo necesario a leer las nuevas reglas y hacer los cambios que se requieren para cumplir con la nueva legislación, por lo que es muy recomendable que contraten la ayuda externa de FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C.

Dejarle esa labor a las áreas internas es un ahorro mal entendido, porque se perderá tiempo valioso y una gran cantidad de recursos que pueden permanecer en las arcas municipales y estatales.
Al contratar la asesoría de un despacho profesional como lo es FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C., que pueda interpretar las reglas de operación federales y, si es el caso, estatales, y las alinee con las reglas internas y de presentación de proyectos de los programas más importantes para el municipio, nos aseguramos de que el presupuesto fluya sin contratiempos.

Todo esto a partir de la concepción de que los esquemas de apoyo estatal o federal deberían estar diseñados para asegurar su continuidad operativa y presupuestal, bajo el cumplimiento de la legislación aplicable, y en congruencia con las reglas de operación de las cuales emanan.

Así las cosas, es responsabilidad del despacho profesional colaborar desde un inicio en el diseño de estos proyectos, así como soportar y coordinar su operación, registrar y documentar su desarrollo, integrando lo necesario para la comprobación correspondiente del cumplimiento de los objetivos y metas planteadas desde el inicio de las gestiones municipales, así como dar la continuidad requerida. Si bien la intervención de un despacho especializado puede hacerse en cualquier etapa de los proyectos municipales, es deseable la inclusión integral del servicio durante todo el ciclo de vida de la gestión pública municipal.

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C. ofrece el servicio de asesoría en la elaboración, presentación y seguimiento de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con un equipo altamente calificado en la materia.

Las acciones de inconstitucionalidad, son un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales.
Pueden promoverlas los legisladores, Senadores y Diputados Federales o Locales o, que conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que impugna. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: el Procurador General de la República, los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los organismos de protección de tales derechos de los Estados y del Distrito Federal.

Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna. Esto significa que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales, siempre que la resolución se apruebe por el voto de ocho o más de sus Ministros.

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

En FIRMA JURÍDICA Y FISCAL S.C. nuestro equipo está capacitado para ofrecer asesoría en la elaboración, presentación y seguimiento de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dichas controversias se pueden suscitar entre los Gobiernos Federal, Estatales, Municipales o del Distrito Federal, o bien entre alguno de los poderes u órganos de estos órdenes de gobierno.

Este servicio se ofrece a Estados, municipios, poderes federales y locales, Distrito Federal y demás entidades, poderes y órganos señalados en la fracción I del artículo 105 constitucional, por conducto de sus funcionarios de primero y hasta segundo nivel.

Una controversia constitucional es un proceso jurisdiccional seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia única en la que se dirimen conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales en los distintos órdenes jurídicos o derivados del principio de división de poderes.
En este sentido, cabe hablar de tres categorías generales de conflictos:
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  • Los que se presentan entre los distintos órdenes jurídicos (federal, estatal, del Distrito Federal y municipal) con motivo de la constitucionalidad o legalidad de normas generales o individuales. Ejemplo: El Estado de Jalisco, a través de su Gobernador, impugna la Norma Oficial Mexicana NOM -046 – SSA2 – 2005 emitida por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud por considerar, entre otras cuestiones, que vulnera su ámbito competencial al obligar a todos los hospitales del país a brindar la anticoncepción de emergencia en casos de violación. La Corte resuelve que dicha NOM es constitucional en la controversia constitucional 54/2009.
  • Los que se presentan entre órganos de distintos órdenes jurídicos con motivo de la constitucionalidad o legalidad de sus normas generales o individuales. Ejemplo: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal impugna la Ley Federal de Seguridad Privada por considerar que invade su competencia exclusiva para legislar sobre la materia. La Corte resuelve que la ley federal impugnada es constitucional en la controversia constitucional 132/2006.
  • Los que se presentan entre órganos del mismo orden jurídico con motivo de la constitucionalidad de sus normas generales o individuales. Ejemplo: El Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo impugna la resolución de la Cámara de Diputados que rechaza las observaciones presidenciales al Presupuesto de Egresos de la Federación. En este caso, el Presidente argumenta tener facultad de vetar dicho presupuesto. La Corte resuelve que sí procede el veto presidencial al presupuesto en la controversia constitucional 109/2004.

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El objeto de la controversia constitucional es asignar una competencia a favor de un órgano. Así, en la sentencia se llegará a la conclusión de cuál fue el órgano que actuó “indebidamente” y fuera de su esfera de atribuciones y, por lo tanto, se le asignará dicha competencia al indicado.

De ser declarada una norma general como inválida o inconstitucional, los efectos de dicha resolución se limitará a las partes en la controversia, a no ser que hubiere sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho ministros. En este último caso, su inconstitucionalidad tendrá efectos generales, es decir, la norma se expulsará del ordenamiento.
El plazo para la presentación de la demanda es de 30 días tratándose de un acto o norma general y únicamente pueden interponerla aquellos órganos legitimados para hacerlo. En este sentido, los particulares no pueden promover una controversia constitucional.

Cabe destacar que, según lo dispuesto en la Constitución, las controversias son improcedentes en materia electoral. Sin embargo, el concepto de “materia electoral” tiene límites difusos en la jurisprudencia. Asimismo, la misma Corte se ha pronunciado en cuanto a la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de esta vía.