LITIGIO FISCAL Y ADMINISTRATIVO

Los contribuyentes pueden inconformarse en contra de los actos administrativos dictados por las autoridades fiscales como lo son la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), entre otros; así como, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre otras; o bien de los Municipios de los Estados, que:

1.- Determinen contribuciones (impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos) o accesorios (recargos, sanciones, multas, gastos de ejecución).
Impuestos son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren de en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos; por ejemplo Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, etc.

Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en Ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la Ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo estado; por ejemplo Cuotas Obrero Patronales, Cuotas del SAR; Capitales Constitutivos, etc.

Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas; por ejemplo cuando se construye una obra pública, la autoridad administrativa exige el cobro a los vecinos por verse beneficiados en la plusvalía de sus propiedades.

Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados; cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del estado; ejemplo el pago por certificaciones, inscripciones en el Registro Público, etc.

Los recargos, las sanciones y los gastos de ejecución, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de éstas.

2.- Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.

Es cuando un contribuyente tiene a su favor algún impuesto como el IVA, ISR, IETU, IDE, entre otros, y haya presentado una solicitud de devolución de dichos impuestos y la autoridad administrativa haya negado dicha devolución.

3.- Siendo diversas de las anteriores, dicten las autoridades aduaneras.

Toda resolución en materia aduanera o de comercio exterior, que finque un crédito fiscal, fincando el cobro de impuestos, multas o inclusive embargando, secuestrando o decomisando las mercancías o medios de transporte. Con la opción de pedir la devolución de las mercancías embargadas, o bien, el resarcimiento económico de éstas actualizadas y con sus respectivos intereses.

4.- Exijan el pago de créditos fiscales que se hayan extinguido o que su monto real es inferior al exigido.

Se entiende que se ha extinguido un crédito fiscal cuando hayan pasado cinco años desde que un crédito fiscal es exigible por parte de una autoridad administrativa.

5.- Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando este no se ha ajustado a la Ley.

Todo procedimiento administrativo de ejecución debe cumplir con ciertas formalidades a las que debe sujetarse la diligencia de embargo, así mismo se establecen cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etc., así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia, etc.

6.- Se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación.

Obligación fiscal es la obligación del contribuyente que consiste en el deber de entregar una cantidad de dinero al Estado en virtud de haberse causado un tributo.

Cantidad líquida es cuando la autoridad administrativa determina la obligación fiscal en una cantidad en cifras, por ejemplo la autoridad determina que al contribuyente se le finca un crédito fiscal por la cantidad de $5; 000,000.00
Se dan las bases para su liquidación cuando la autoridad administrativa establece tablas, tasas, porcentajes o parámetros para calcular el impuesto que deberá pagar el contribuyente.

7.- Impongan multas por infracciones a las normas administrativas federales, estatales o municipales.
Multas emitidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), o bien por secretarias del ejecutivo como la Secretaria de Economía (SE) o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

8.- Causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren los puntos anteriores.
Los actos de autoridades fiscales deben cumplir con una serie de requisitos, los cuales muchas veces no son cumplidos por dichas autoridades, lo cual ocasiona que se puedan impugnar en Juicio de Nulidad o Contencioso Administrativo.