AMPARO CONTRA ACTOS DE AUTORIDAD Y LEYES

Los gobernados en su calidad de contribuyentes pueden interponer demanda de garantías ante Juzgado de Distrito competente, en contra de las leyes en materia fiscal y administrativa y/o los actos administrativos dictados por las autoridades fiscales como son la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), entre otros; así como, por autoridades administrativas, fiscales o entidades de la Administración Pública Paraestatal como lo son la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), entre otras; o bien de los Municipios de los Estados, que violen garantías individuales.
De acuerdo a lo que establece el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como del distrito federal o del estado y municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Ahora bien, si bien es cierto como lo es que existe una obligación de contribuir a los gastos públicos en nuestro país, no debe perderse de vista que esta obligación será válida legalmente siempre y cuando las normas impositivas cumplan con los requisitos de legalidad tributaria y seguridad jurídica que concede la misma constitución a todo gobernado.

Por lo anterior, se crea en nuestro marco jurídico diversos medios de defensa a favor de los particulares a fin de que se encuentren en posibilidad de combatir actos arbitrarios de autoridades o bien que no cumplan los requisitos mínimos para su validez y que por ende resulten conculcatorios de las garantías individuales de cada particular.
Uno de los medios de defensa más efectivos para la defensa de los derechos de los gobernados lo es el juicio de amparo del cual conocen según sea el caso los juzgados de distrito o bien los tribunales colegiados de circuito adscritos al Poder Judicial de la Federación.

Desgraciadamente el principio de relatividad de la sentencias, según el cual la concesión de un fallo protector única y exclusivamente beneficia al gobernado que lo solicita, por ende las sentencias de amparo hasta el día de hoy no tienen efectos de declaratoria general, por lo que aun y cuando una ley haya sido declarada inconstitucional ello solo beneficiaría en todo caso a las personas que gocen de una sentencia de amparo en el mismo sentido.

En esta correcta línea de pensamiento debemos concluir que nuestra firma tiene como principal fin el defender a los particulares en contra de actos que sean emitidos en contravención a nuestra Constitución Federal y evitar en algunos casos el pago y obligaciones fijadas arbitraria o ilegalmente por autoridades, esto es así, ya que estamos convencidos que la defensa de los derechos de los gobernados traerá como consecuencia en un futuro la emisión de actos apegados a la ley por parte de las autoridades y evitar un actuar caprichoso y arbitrario que perjudica a toda la sociedad, sin que con ello se pretenda jamás el no cumplir con la necesaria obligación de contribuir a los gastos públicos, sino más bien se trata de contribuir en la forma en que nuestra Ley Suprema establece.